Futuro de Coahuila está en manos de tribunales

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Cd. de México. El futuro de la elección en Coahuila está ahora en manos del tribunal electoral local. De éste dependerá ahora la decisión de anular el proceso o ratificar el resultado que dio el triunfo al priista Miguel Riquelme.
 
Esta es la primera etapa de una batalla que puede llegar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si el frente opositor que encabeza Guillermo Anaya, excandidato del PAN a la gubernatura, impugna el fallo de los magistrados electorales del estado.
 
Aunque la impugnación está en marcha, sobre la posibilidad de que el tribunal local anule la elección hay opiniones divididas. Para César Astudillo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, la moneda está en el aire, en tanto no se conozcan los argumentos y se presenten las evidencias. José Antonio Hernández Company, profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), considera que hay pocas posibilidades de anular el proceso. Pero Álvaro Arreola, especialista en legislación y sistema electoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, asegura que los magistrados tienen todos los elementos jurídicos y legales a la mano para anular la elección.
 
'Sí hay fundamento legal para anulación'
Arreola explica que el artículo 8 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila anota la "capacidad enorme" que tiene el tribunal local para anular la elección.
 
"No puede rehuir a esta responsabilidad porque sí hay fundamento legal para que el tribunal proceda", afirma.
Sustentar con pruebas contundentes.
 
Pero anular una elección no es cosa fácil. Para ello "deben confluir una serie de elementos que prueben que el proceso fue afectado de manera sustancial en toda su organización y que eso trascendió en el resultado definitivo", advierte César Astudillo, del IIJ de la UNAM.
 
"Hay que probar, por ejemplo, que hubo una injerencia indebida, que se metieron a las elecciones quienes no debían meterse, o que hubo un trato preferencial a un candidato respecto de otro en medios de comunicación".
 
En el caso de Coahuila advierte que hay dos planos de disputa: uno político y otro jurídico, que no necesariamente coinciden.
 
'La estrategia del chantaje'
Para José Antonio Hernández Company, del Tec de Monterrey, hay pocas probabilidades de que el frente opositor en Coahuila logre la anulación de la elección.
 
"Aunque el PAN haga berrinche, es muy difícil que se modifique el resultado", dice.
 
"Legalmente será muy difícil demostrar un posible fraude". No obstante, admite que "tal vez políticamente puedan ejercer presión sobre el árbitro electoral local".
 
Además, prevé que "el PRI no se va a dejar". Sobre todo de cara a las elecciones federales de 2018. "Es fundamental para los partidos tener gobiernos para controlar los programas sociales mediante los cuales pueden manipular el voto", explica.
 
Elecciones anuladas
El 22 de octubre de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de gobernador en Colima. Con ésta, sumaban tres los comicios declarados inválidos debido a irregularidades en el proceso.
 
*Colima (2015): El entonces candidato del PAN Jorge Luis Preciado impugnó el triunfo del priista José Ignacio Peralta en la elección del 7 de junio de 2015, al considerar que el gobernador Mario Anguiano operó con recursos públicos para favorecer la campaña del abanderado tricolor. El pleno del TEPJF consideró que en esa entidad el Ejecutivo infringió el artículo 59 de la Constitución local y el 134 de la Constitución mexicana. Por lo tanto, revocó los resultados y ordenó la reposición de los comicios, organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
 
*Colima (2003): El TEPJF anuló la elección de gobernador y revocó el triunfo del priista Gustavo Vázquez Montes. Por mayoría, en sesión ordinaria, la Sala Superior del Tribunal llegó a la conclusión de que el entonces gobernador Fernando Moreno violó la ley al intervenir en el proceso en favor del PRI.
 
*Tabasco (2000): El 29 de diciembre el TEPJF anuló las elecciones para gobernador celebradas el 15 de octubre, y dejó sin efecto el triunfo del priista Manuel Andrade, al considerar que el gobierno estatal intervino para favorecerlo. El Congreso tuvo que nombrar como gobernador interino a Enrique Priego Oropeza. Pero en 2001 Andrade ganó la elección extraordinaria y asumió el cargo en 2002.

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