Sin resolver denuncias por ‘megadeuda’
Saltillo. A diez meses de concluir el sexenio de Rubén Moreira, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJEC) no ha sido capaz de resolver y transparentar las denuncias por la adquisición ilegal de créditos a nombre de Coahuila de 2006 al 2011.
Desde el inicio de la administración, la denominada "megadeuda" se convirtió en uno de los retos del gobierno de Coahuila. A cinco años de trabajo no se ha podido satisfacer esta demanda popular con el esclarecimiento y castigo por el endeudamiento de Coahuila en la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres.
Del 2011 a la fecha, la Auditoría Superior del Estado (ASE) órgano encargado de la revisión de las Cuentas Públicas, ha interpuesto seis denuncias penales relacionadas a la adquisición de la deuda. Mismas que se encuentran en proceso de averiguación previa.
De acuerdo a documentos obtenidos a través de una solicitud de información las denuncias no han concluido.
La primera denuncia se interpuso el 16 de diciembre del 2011 contra la Tesorería del Estado durante el ejercicio fiscal 2010, año en que estaba a cargo de Víctor Zamora, ahora Secretario de Gobierno.
La segunda denuncia de interpuso el 21 de mayo del 2013 también contra la Tesorería de Coahuila, en el mismos periodos de tiempo.
Una tercera denuncia fue interpuesta el 4 de mayo de 2016 contra el Poder Ejecutivo, derivado del ejercicio fiscal 2011, cuando estaba al frente Jorge Torres López, actualmente prófugo de la justicia en Estados Unidos, investigado por lavado de dinero.
La cuarta denuncia fue el 26 e de mayo del 2016, contra la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (PIDECO) en su ejercicio fiscal 2011 cuando estaba a cargo de Armando García Narró quien murió el pasado 9 de enero del 2016. A la fecha es el unido funcionario castigado, no por la Procuraduría, por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Fue acreedor a un apercibimiento público.
Así mismo se interpusieron dos denuncias más contra PIDECO por gestionar recursos de forma irregular en 2010 y 2011.
El 21 de mayo de 2013, el titular de Asuntos jurídicos de la ASE, Luis Carlos García Gil, informa a la PGJEC la falta de recursos en PIDECO e indica que Armando García Narró no pudo presentar evidencia del reintegro por lo que pide que se aplique la legislación aplicable.
Sin embargo la ASE no proporcionó las denuncias completas ya que se encuentran en calidad de información reservada por no estar concluidas. Es decir a la fecha, los coahuilenses desconocen las acciones ilícitas, los delitos que se configuran y los funcionarios involucrados.