Proponen tipificar como delito grave el robo de dispositivos electrónicos en Coahuila
Saltillo, Coahuila; a 10 de abril de 2026.- El Congreso de Coahuila analiza una iniciativa que plantea endurecer las sanciones por el robo de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, al considerar que este delito implica no solo pérdidas económicas, sino también riesgos para la seguridad digital de las víctimas.
La propuesta, impulsada por el diputado Alberto Hurtado Vera, contempla modificar el Artículo 284 del Código Penal para clasificar este tipo de robo como grave y aumentar la pena de uno hasta tres años de prisión.
El planteamiento establece una diferenciación respecto a otros robos, debido a que equipos como celulares, computadoras, tabletas, relojes inteligentes, memorias USB y discos duros almacenan información personal, financiera y de acceso a plataformas digitales.
Según explicó el legislador, el impacto de estos delitos va más allá del daño patrimonial, ya que la información contenida en los dispositivos puede ser utilizada de forma indebida. En ese sentido, advirtió que su sustracción abre la posibilidad a delitos como fraude, extorsión o suplantación de identidad.
La iniciativa propone añadir una fracción específica al artículo en cuestión para sancionar con mayor severidad el robo de aparatos electrónicos destinados a la comunicación, almacenamiento o procesamiento de datos, sin importar su valor económico.
Asimismo, se señala que la legislación actual no contempla las particularidades de este tipo de delitos, lo que limita la respuesta de las autoridades frente a conductas relacionadas con el uso de tecnología.
El diputado de Morena también destacó que, en la vida cotidiana, los dispositivos electrónicos se han convertido en una extensión de las personas, al concentrar información privada, contactos, conversaciones y credenciales de acceso.
Con esta reforma, reiteró, se busca actualizar el marco jurídico estatal ante el crecimiento de delitos vinculados al entorno digital, con el objetivo de proteger tanto el patrimonio como la información personal de la población. (EL SIGLO)