Policía Municipal fue cómplice, y Ejército testigo de masacre: CNDH

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Cd. de México.- La Policía Municipal fue cómplice en al menos 38 secuestros y homicidios en la localidad de Allende, en el estado de Coahuila en el año 2011, indicó el lunes la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
 
La agencia emitió una recomendación en la que pidió a las autoridades reparar el daño a las familias de las víctimas y garantizar que puedan regresar a Allende.
 
Los narcotraficantes de Los Zetas llevaron a cabo los asesinatos con "la autorización, apoyo o aquiescencia” de la policía local, señaló la CNDH.
 
Del 18 al 20 de marzo de 2011, los Zetas enviaron a hombres armados y a la Policía local a reunir a todas las personas que compartían un determinado apellido en el municipio. Los narcotraficantes buscaban castigar a una persona que creían los había traicionado.
 
No se conoce el número exacto de personas que desaparecieron, pero los estimados varían de unas pocas docenas a varios cientos de víctimas.
 
Ejército habría atestiguado masacre: CNDH
 
De las constancias que esta Comisión Nacional se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”. En consecuencia, este Organismo Nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
 
Asimismo, en los informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales americanos, formuladas por testigos protegidos del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de servidores públicos federales, del Estado de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros del grupo delictivo denominado “Los Zetas”, situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias.

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